Adiós Le Pen, «lo importante es el proyecto no las personas» .

La reciente condena de Marine Le Pen sacude el tablero político francés. La líder del partido Agrupación Nacional ha sido sentenciada a cuatro años de prisión, dos de ellos de cumplimento en firme, y cinco años de inhabilitación por malversación de fondos públicos. Esta decisión judicial la excluye de la carrera presidencial de 2027, donde era una de las favoritas en las encuestas.

Como era previsible, la reacción de Marine Le Pen no se hizo esperar, y esa misma noche denunció en una entrevista televisada que la sentencia fue una “decisión política» destinada a frenar sus aspiraciones presidenciales calificándola de «día desastroso» para la democracia. Aseguró que recurrirá el fallo, con la esperanza de recuperar su derecho a postularse en las próximas elecciones.

El impacto de la sentencia se ha extendido más allá de las filas de su partido. Políticos de diversas tendencias han expresado opiniones divididas: algunos ven la sentencia como una medida justa y necesaria para mantener la integridad en la política, mientras que otros la consideran una maniobra para eliminar a un oponente incómodo del escenario electoral.  

Aliados internacionales han salido en su defensa denunciando un supuesto complot judicial para debilitar sus aspiraciones políticas. Algunos de estos apoyos se pronuncian en términos más que asombrosos intentando justificar a Le Pen en sus prácticas con un «todos lo hacen”, “todos los han hecho”, a mí lo que me trasladan con esos pronunciamientos es, que atenúan la gravedad del suceso. Lo que además añade otro problema evidente: el hecho de que esta conducta este extendida no la convierte en aceptable, ni tampoco es aceptable la tolerancia que parecen tener algunos eurodiputados hacia esas prácticas, no es excusa.  La justicia no se basa en la frecuencia con la que se comete un delito, sino en la legalidad y la ética de los actos individuales. Así pues, independientemente de lo que se opine de Marine Le Pen y de cualquiera que haya actuado similar, si reciben subvenciones del Parlamento Europeo, deben cumplir estrictamente con las condiciones de su uso, si no se cumplen las normas se han de asumir responsabilidades, y no solo en Bruselas, sino en su país de origen. Si no sigues las reglas, no debes quejarte de las consecuencias. Además, aceptar este tipo de defensa equivaldría a normalizar la corrupción como parte inherente de la política, debilitando aún más la confianza ciudadana en las instituciones.

Por otro lado, hay quienes señalan que la inhabilitación de Le Pen por parte de la justicia representa un fallo del sistema democrático. La gran mayoría concuerda en que debería ser el ciudadano mediante el voto, quien determine si la aparta o no de la carrera presidencial. La idea de que un tribunal decida en lugar del electorado, ha generado un intenso debate sobre los límites de la intervención judicial en la política.

Ahora bien, imaginemos un escenario hipotético: si Le Pen lograra presentarse a las elecciones de 2027 y las ganara, pero posteriormente su condena fuera ratificada, Francia se encontraría en la inusual situación de tener una presidente condenada. Esto, ¿qué supondría? Entre otras cosas desataría una crisis constitucional sin precedentes, al poner a prueba las instituciones democráticas del país, la legitimidad y la ética en el ejercicio del poder.

En resumen, la situación de Le Pen es un cóctel explosivo donde se mezclan política, ética y justicia. Mientras ella y su partido intentan sortear esta tormenta, Francia se sabe consciente de que las decisiones tomadas hoy marcan el futuro político del país.

Belén de León

Directora de NLG en Francia

Consejera y Relaciones Institucionales NLG